Reactivación contratación proyectos. El Economista 02/04/2020

CONSTRUCTORAS E INGENIERÍAS RECLAMAN AL GOBIERNO QUE REACTIVE LA CONTRATACIÓN DE PROYECTOS

 El Economista Javier Mesones 02/04/2020

Los sectores de la construcción y de la ingeniería reclaman al Gobierno y al resto de Administraciones Públicas que reactiven los procesos de licitación y contratación de proyectos para que la recuperación, una vez se supere la pandemia por coronavirus, sea más rápida. Las empresas consideran que los procedimientos de licitación que se utilizan en la actualidad, por vía electrónica, permiten que no haya que paralizar todos los procesos de contratación.

Todas las licitaciones y contrataciones de las Administraciones Públicas han quedado en suspenso mientras dure el estado de alarma decretado el pasado 14 de marzo como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus. La norma, no obstante, contiene excepciones, de manera que las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios.

La suspensión de la licitación y la contratación «nos preocupa porque esto retrasará la reactivación» del sector

Desde la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), su presidente, Juan Lazcano, incide en que la suspensión de la licitación y la contratación «nos preocupa porque esto retrasará la reactivación» del sector, que desde este lunes, además, ha tenido que paralizar casi todas las obras que estaban en ejecución. «Teniendo en cuenta que hoy todo lo relacionado con la licitación es electrónico, podría llevarse a cabo hasta la adjudicación y de ese modo lo único que quedaría retrasado es el inicio de las obras hasta la desaparición de la pandemia», explica Lazcano.

En la misma línea, el presidente de Tecniberia, Pablo Bueno, ha reclamado que «no se paren las licitaciones. «Las decisiones que se tomen en estos momentos van a ser cruciales para el futuro inmediato del país y de su tejido empresarial. Por ello, si caemos en la tentación de paralizar toda la actividad profesional sin medir su posible alcance, correremos un serio riesgo de crisis financiera de consecuencias irreversibles», ha señalado.

También el presidente de la Asociación Empresarial de Ingenieros Consultores de Andalucía (Asica), Ignacio Sánchez de Mora, sostiene que, «a pesar de la enorme dificultad que vamos a atravesar en los próximos meses, la actividad de redacción de proyectos, informes y estudios puede ser un salida para la ejecución presupuestaria de las Administraciones y por consiguiente, de la reactivación de la economía».

La mayoría de las obras han tenido que detenerse esta semana y, por ahora, hasta el 9 de abril

La organización andaluza, junto con las patronales de ingeniería de Galicia (Ageinco), Castilla y León (Acalinco), País Vasco (Gaia), Aragón (Asincar), Cataluña (Asinca), Comunidad Valencia (Avinco) y Extremdura (Asincex), han remitido una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que expresan su disposición a colaborar «durante el presente estado de alarma y en la profunda reactivación empresarial que vamos a necesitar posteriormente».

La tramitación de las licitaciones es, por tanto, una de las peticiones compartida por el sector de la construcción y la ingeniería en aras de que la recuperación de las inversiones en infraestructuras sea más acelerada una vez se supere la pandemia. Las medidas adoptadas por el Gobierno de confinamiento para los ciudadanos aprobadas el 14 de marzo se extremaron el día 29 con la restricción de algunas actividades no esenciales como la construcción. De este modo, la mayoría de las obras han tenido que detenerse esta semana y, por ahora, hasta el 9 de abril, con un impacto para la economía española que se estiman superior a los 5.000 millones de euros.

La crisis del coronavirus ha roto la positiva tendencia registrada en los últimos años. En 2019, España aumentó la contratación de obra pública un 38,7%, hasta 9.891 millones de euros, acumulando así tres años de crecimiento. Mientras, los organismos públicos también incrementaron las licitaciones de proyectos en 2019, con un crecimiento del 11,8%, hasta los 18.545 millones de euros, frente a los 16.583 millones de un año antes.

La Disposición adicional tercera del Real Decreto del 14 de marzo ordena la suspensión de términos y la interrupción de los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo –ya se ha anunciado una primera hasta el 11 de abril-. Aunque es de aplicación para todo el sector público, el órgano competente «podrá acordar, mediante resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo».

De igual, modo, las entidades públicas «podrán acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios».

Excepciones

En todo caso, «la suspensión de los términos y la interrupción de los plazos no será de aplicación a los procedimientos administrativos en los ámbitos de la afiliación, la liquidación y la cotización de la Seguridad Social, ni a los plazos tributarios, sujetos a normativa especial, ni afectará, en particular, a los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias.» La correcta interpretación del citado precepto exige entender que, por su mandato, se produce la suspensión automática de todos los procedimientos de las entidades del sector público desde la entrada en vigor de la norma, cualquiera que sea su naturaleza y, en consecuencia, también de los propios de la contratación pública. Los procedimientos se reanudarán cuando desaparezca la situación que origina esta suspensión, es decir, la vigencia del estado de alarma.

 

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